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  24 de junio de 2011
  Rosa Luque
  Joaquín Martínez Bjorman. De 'senador togado' a abogado de los pobres
  Joaquín Martínez Bjorkman (Córdoba, 1928-Córdoba, 2000) siempre se vio a sí mismo como “senador togado” al más puro estilo latino –así le gustaba autodefinirse en sus últimos años, mucho después de haber dejado de serlo–. Y algo de implacable sentido moral contra césares corruptos sí que tuvo este abogado de pobres que durante dos décadas representó al pueblo de Córdoba en la Cámara Alta por la vía del socialismo sentimental.

Paraíso e infierno. Incansable luchador por la libertad y los derechos humanos, deja traslucir en todos sus actos la progresista visión de una ciudad que nunca avanza al ritmo que él, dinámico y urgente hasta el cansancio –de los otros, claro está–, desearía. Para Martínez Bjorkman Córdoba es a lo largo de toda la vida su paraíso y su infierno. Nunca perdonará a sus conciudadanos el haberle dado la espalda –a él, que había sido su defensor en los Tribunales de Orden Público, ante las magistraturas y las comisarías–, cuando en las elecciones municipales de 1983 el PSOE decide presentarlo para alcalde tras haberle negado la oportunidad cuatro años antes, en que había optado por Antonio Zurita de Julián como cabeza de cartel.

Tras una larga enfermedad que le deja demasiado tiempo para pensar, este hombre controvertido y honesto habrá de llevarse a la tumba la amargura de lo que entiende como “deslealtad ciudadana” hacia su persona. La deuda, sin embargo, queda zanjada con la Medalla de Oro que la Corporación Municipal encabezada por Rosa Aguilar (de IU, aunque el título se otorga por acuerdo unánime del Pleno) le concede a título póstumo. Este reconocimiento, que recoge su viuda, Concha Rael, en un acto al que también asiste la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, viene a unirse a la Medalla de Andalucía y la del Mérito Constitucional, así como al nombramiento de miembro de número de la Orden Constitucional, distinciones que sí puede disfrutar en vida.

Entre el inconformismo y la utopía. Bjorkman va dejando su huella en colectivos políticos, sociales, profesionales y culturales. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1952 y profesor mercantil por la Escuela Técnica de Comercio de Cádiz, en el año 60 se incorpora a todo lo que significa progresía en la ciudad, partiendo de la base de que en ese momento ser abogado laboralista es una proyección del socialismo. Es socio fundador del Círculo Cultural Juan XXIII, de enorme burbujeo político a favor de la democracia, siendo elegido su presidente en 1973.

Diez años antes se había convertido en el primer asesor de las asociaciones de vecinos de Andalucía, y lidera jurídicamente hablando la de Cañero en Córdoba, lo que no le impide echar mano de esos aforismos de corte senequista que tanto le gustan para distinguir entre vecinos y ciudadanos: “El ciudadano está mirando al futuro –decía soñador–, mientras que el vecino mira al presente”. Siempre al lado de los más débiles y actuando en plan Pepito Grillo de la conciencia de su sociedad (“Lo que intento es incorporar la cultura de la solidaridad”, solía explicar), Bjorkman representa a las barriadas marginales ante las autoridades de la época. Trabaja para conseguir a los inquilinos de Fray Albino –el barrio que levantara aquel recordado obispo junto al Campo de la Verdad– la propiedad de las casas que habitan.
También lucha por la dignidad de los vecinos de Palmeras y Moreras, hacinados en unas casitas portátiles de uralita –viviendas provisionales que permanecen décadas en uso– cuya erradicación ayuda a conseguir con su machacona demanda de justicia ante los poderes públicos. Guiado por esta defensa de la vivienda social, acaba convirtiéndose en un experto urbanista. Preside la Asociación de Estudios Urbanísticos de Córdoba y forma parte entre 1983 y 1986 de la Comisión Superior de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, encargada de aprobar los planes generales de las ciudades andaluzas. Pero, haciendo gala del espíritu rebelde y libre que conservaría hasta el final, Joaquín Martínez Bjorkman abandona dicho organismo a raíz de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba en 1986 sin que la comisión de la que es miembro haya hecho valer sus criterios. Denuncia “la corrupción de ciertos sectores” en los que había creído y ese gesto le cuesta ser sometido a un expediente de expulsión del Partido Socialista que más tarde queda archivado.
Protector de los más desfavorecidos. Socialista “de corazón” más que de carnet (como antifranquista intelectual que es, no considera necesario afiliarse al PSOE hasta que muere el dictador), ingresa en el partido en marzo de 1975, si bien antes había ostentado la secretaría general de la Junta Democrática. (“La clandestinidad se vivió en Córdoba con grandeza y generosidad”, afirmaba recordando aquellos años). Es miembro del comité regional de la Federación Socialista de Andalucía en Córdoba, y en 1977 estrena la primera legislatura democrática en el Senado. Permanece en la Cámara Alta hasta 1996, siendo su secretario cuarto en la legislatura constituyente, cargo que repite en la siguiente.  Otras responsabilidades desempeñadas en el curso de su larga trayectoria como senador son la de secretario segundo de la Diputación Permanente, presidente de la Comisión de Peticiones al Senado, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y miembro de otras como Justicia, Trabajo, Obras Públicas y Urbanismo, Lucha contra la Droga, Contenidos Éticos en Televisión y Derechos Humanos.

En defensa de los mismos se hace miembro de Amnistía Internacional, lo que le lleva a Latinoamérica, dejándole especial huella su estancia en 1977 en la capital de Uruguay, Montevideo, como miembro de la Comisión de Juristas Internacionales, que emprende acciones contra la dictadura militar de aquel país. En esa etapa constituyente se distingue también por su defensa de los derechos fundamentales de los presos durante el conflicto carcelario protagonizado por la Coordinadora de Presos en Lucha (Copel), en el que actúa de interlocutor. Pero lo que quizá más popularidad le da por entonces es el hecho de asumir la defensa de Eleuterio Sánchez, El Lute, tarea que, según recordaría a su muerte Juan José Laborda, ex presidente del Senado y a la sazón portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta, “marca su línea de trabajo”, hasta convertirse en protagonista del cambio de la legislación penal y protector de los sectores más desfavorecidos. En esa lucha, se afilia sucesivamente a los Colegios de Abogados de Málaga y Granada, además de al de Córdoba, para atender las demandas de asesoramiento legal que le llegan de esas otras provincias, casi siempre desde la marginalidad. Todo un abogado de causas perdidas, muchas de ellas ganadas con su perseverancia.
Asesor jurídico de la Asociación de la Prensa, el letrado deja a su muerte una dilatada labor a favor de la cultura, su otra gran pasión. En 1965 dirige las I Conversaciones de Teatro, todo un hito en la Córdoba provinciana de la época en el que se cuenta con la presencia de dramaturgos tan destacados como Buero Vallejo, Martín Recuerda o un Antonio Gala que empieza a destacar en el panorama literario, entre otros. Denuncia ante los tribunales cuantas tropelías se cometen contra el rico patrimonio artístico de su ciudad, incluida una de sus últimas batallas imposibles: la que gira en torno a la centenaria encina de la plaza de las Tendillas, cuyo arranque no puede impedir a pesar de que monta una cruzada ciudadana en este emperio. Socio de honor de los Amigos de los Jardines Públicos de Córdoba, preside el Instituto Olof Palme de Estudios Políticos, Económicos y Culturales y la Asociación Julián Besterio. En estas entidades, en las que el líder de la corriente izquierda Socialista en Córdoba se vuelca una vez apartado de la política activa, ve el mejor vehículo para canalizar un socialismo vivo y dinámico. El socialismo “sentimental” que siempre ha perseguido.
   
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